La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha mostrado este martes su rechazo al anteproyecto de la Ley de Educación por “inoportuna” e “inconcreta”, y ha pedido al Govern la suspensión de su tramitación hasta que se apruebe la normativa estatal anunciada por el Ejecutivo central.
Así se han manifestado el secretario general de FeSP-UGT, Miguel Ángel Romero, y el secretario de Enseñanza, Tino Davia, durante un desayuno informativo con los medios de comunicación, en el que también ha participado la delegada Azahar Tortonda, y ha asistido el secretario general del sindicato, Alejandro Texías.
Romero ha considerado “inoportuno” el anteproyecto porque se adelanta a la futura regulación que quiere desarrollar el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que podría provocar una colisión entre ambos articulados. “Parece un desarrollo de la LOMCE y que se intenta evitar un desarrollo de la nueva ley educativa estatal”, ha señalado.
FeSP-UGT ha apuntado la “discrepancia inexplicable” de que el proyecto de ley del Govern balear hable de dedicar un 5% del producto interior bruto a la educación en 2028, cuando desde el central señalen este objetivo para 2025.
Por su parte, Davia ha enumerado diferentes razones por las que UGT es contraria al texto presentado por el Ejecutivo autonómico, al que acusa de no haber consensuado su contenido con los representantes del personal docente ni de recoger sus reivindicaciones.
“No estamos de acuerdo con el modelo lingüístico propuesto. No se blinda el decreto de mínimos, y no aceptaremos ninguna rebaja del catalán en las aulas. Se pone en peligro el consenso actual”, ha indicado Davia, quien también ha criticado que el anteproyecto utilice un lenguaje sexista, no apueste por la coeducación, ni establezca la obligatoriedad de la educación afectivo sexual en las primeras etapas educativas.
En este sentido, el responsable de Educación de UGT ha manifestado que la “ambigüedad” con la que se habla de la promoción de la participación de los progenitores en la vida de los centros escolares y la educación del alumnado puede provocar que futuros gobiernos introduzcan medidas como el polémico ‘pin parental’. “Hay una falta de regulación y de límites en la participación de los padres y madres”, ha subrayado.
Davia ha lamentado la falta de concreción con que se tratan las soluciones a los problemas de la educación. A su juicio no se abordan las ratios de alumnado por aula, ni la carga lectiva, ni el número de repetidores o el abandono escolar.
No se ha mostrado partidario de la defensa de la libre elección de centro ni comprende cómo lo hace un Gobierno que se define progresista. “En una situación ideal sí que los padres podrían elegir el centro educativo, pero no es un derecho absoluto, ha aclarado.
Ha expresado, también, la preocupación del sindicato por la entrada de “fórmulas propias de la empresa privada”, como el sistema de entrevistas para resolver los concursos de traslados, o de la posibilidad de “precarizar” la docencia con la figura del profesorado asociado o visitante.
“Es una ley que facilita el negocio en la educación”, ha resumido Romero, que ha señalado que UGT está a favor de una ley autonómica de educación pero con otro contenido y no “ahora”.
