UGT valora positivamente el Real Decreto-ley 19/2026: un paso decisivo para resolver el problema de la insularidad en la Administración General del Estado en Baleares
La publicación del Real Decreto-ley 19/2026 supone un avance histórico para las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en las Illes Balears. La norma reconoce por primera vez la necesidad de abordar la insularidad en Baleares y abre un proceso de negociación para revisar la indemnización por residencia, una reivindicación que UGT Servicios Públicos lleva defendiendo desde hace más de veinte años.
La aprobación del Real Decreto-ley 19/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, marca un punto de inflexión para el personal de la Administración General del Estado destinado en las Illes Balears. Además de regular medidas urgentes en materia de jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas, el texto incorpora por primera vez la necesidad de abordar la situación de la insularidad en Baleares.
Para UGT Servicios Públicos, se trata de un avance histórico que supone el reconocimiento oficial de una problemática que el sindicato viene denunciando desde hace más de dos décadas.
«Por primera vez se habla de Illes Balears en un Real Decreto sobre esta materia. Es un paso más para conseguir mejorar la situación de los empleados públicos de la Administración General del Estado en Baleares», afirma Fernando Martorell, secretario del Sector de la Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos Illes Balears.
Un compromiso que empieza a hacerse realidad
El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado el pasado mes de noviembre entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, ya contemplaba la revisión durante 2026 de la indemnización por residencia del personal de la Administración General del Estado destinado en Baleares.
Con la publicación del Real Decreto-ley 19/2026 ese compromiso comienza a materializarse. La norma establece un plazo de seis meses para negociar la actualización de esta indemnización, una medida que el propio texto califica como urgente.
UGT considera que este es un paso decisivo para resolver una situación que durante demasiado tiempo ha dificultado la cobertura de plazas en la Administración General del Estado en Baleares.
Una situación límite para los servicios públicos estatales
La Administración General del Estado en Baleares atraviesa una situación especialmente preocupante.
Las plantillas presentan un déficit cercano al 30 % respecto a la media nacional, lo que repercute directamente en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.
A ello se suma una realidad que hasta hace pocos años era impensable: cada vez son más las personas que aprueban una oposición estatal y renuncian incluso a tomar posesión de la plaza porque las condiciones económicas no compensan el elevado coste de vivir en las islas.
Hasta hace poco, quienes obtenían una plaza aceptaban el destino y, al cabo de uno o dos años, solicitaban el traslado a otra comunidad autónoma. Hoy, la falta de una indemnización por residencia adecuada hace que muchos opositores ni siquiera lleguen a incorporarse.
Esta situación convierte a Baleares en un territorio donde la Administración invierte tiempo y recursos en formar nuevos profesionales que, una vez adquieren experiencia, terminan marchándose a otros destinos con mejores condiciones.
El reto de las jubilaciones
A este problema se suma el progresivo envejecimiento de las plantillas.
UGT estima que durante los próximos ocho años más del 50 % del personal de la Administración General del Estado en Baleares se jubilará.
Todo ello coincide con una comunidad autónoma que continúa creciendo en población y que necesita reforzar sus servicios públicos para atender adecuadamente las necesidades de la ciudadanía.
Sin medidas que favorezcan la captación y permanencia del personal, la dificultad para cubrir plazas seguirá aumentando.
La equiparación con Canarias, objetivo de la negociación
UGT mantiene como principal reivindicación la equiparación de la indemnización por residencia con la que perciben los empleados públicos destinados en Canarias, un compromiso recogido en el Acuerdo Marco y que ahora inicia su desarrollo.
Actualmente, las diferencias económicas son significativas.
En Mallorca, la diferencia respecto a Canarias oscila entre 55,80 y 99,62 euros mensuales, dependiendo del grupo profesional. Por ejemplo, un administrativo del grupo C1 percibe actualmente alrededor de 80 euros, mientras que un trabajador del mismo grupo destinado en Gran Canaria o Tenerife recibe aproximadamente 144 euros.
En Menorca, Ibiza y Formentera, las diferencias son todavía mayores, situándose entre 195,09 y 569,32 euros mensuales, según el grupo profesional. En el caso de un administrativo C1 destinado en una isla menor, la equiparación supondría un incremento aproximado de 303,71 euros mensuales.
Además, el sistema de la Administración General del Estado contempla incrementos vinculados a la antigüedad para quienes permanecen destinados en islas menores, Ceuta y Melilla, una medida que favorece la estabilidad de las plantillas y la fidelización del personal.
Una compensación para afrontar el coste de la insularidad
UGT recuerda que la indemnización por residencia no es un complemento salarial, sino una compensación destinada a paliar el mayor coste que supone vivir y trabajar en un territorio insular.
Sin embargo, las cuantías actuales han quedado completamente desfasadas y ya no cumplen la función para la que fueron creadas, lo que explica las dificultades que tiene la Administración para atraer y retener profesionales en Baleares.
La actualización de esta indemnización permitirá avanzar hacia unas condiciones más justas y contribuirá a garantizar unos servicios públicos estatales más estables y eficaces.
UGT continuará trabajando hasta alcanzar una solución definitiva
La organización sindical valora muy positivamente que el Gobierno haya reconocido por primera vez en una norma con rango de ley la problemática específica de Baleares y considera que este Real Decreto abre una oportunidad histórica para resolver una reivindicación que se prolonga desde hace más de veinte años.
«Estamos muy satisfechos de que el Gobierno haya dado este paso. Ahora queda mucho camino por recorrer, pero confiamos plenamente en que durante este año podamos cerrar un acuerdo sobre las cuantías y empezar a mejorar de verdad la situación de la Administración General del Estado en Baleares», concluye Fernando Martorell.
UGT Servicios Públicos afronta ahora el proceso negociador con el objetivo de alcanzar una indemnización por residencia que compense realmente el coste de la insularidad, permita atraer y fidelizar profesionales y garantice unos servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía de las Illes Balears.
