UGT exige a todos los partidos políticos su implicación en la resolución de este “grave problema”
Tras la presentación del plan de choque por parte de la Delegación de Gobierno y de la Jefatura Superior de Policía para poner fin al colapso que sufre el servicio de extranjería, con tiempos de espera de más de cinco meses y colas intolerables, el Sector de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de la UGT asegura que el verdadero y único plan efectivo es el de cubrir correctamente las plazas vacantes en extranjería, ya que en la relación de puestos de trabajo de la Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno de los 47 puestos existentes tan solo se hallan cubiertos 28, es decir el 60%. Lo mismo ocurre en la Jefatura superior de Policía en Palma que de 56 puestos se hallan cubiertos 36, un 65%.
Para la UGT resulta imposible proporcionar un servicio público de calidad a los ciudadanos, con estos bajos niveles de ocupación de los puestos de trabajo y advierte que la anunciada incorporación de tres de personas para atender los expedientes derivados de la entrada en vigor del Brexit, no es una actuación que mejore la situación, sino un intento de paliar los efectos del incremento de actividad que se producirá, sin que esté asegurado que puedan absorber la nueva carga de trabajo.
Este sindicato denuncia que el retraso en la tramitación de los expedientes está generando situaciones de tensión y agresividad por parte de los ciudadanos hacia el personal de la oficina de extranjería, lo que unido al exceso de carga de trabajo y el temor a posibles agresiones provoca estrés laboral, un riesgo inadmisible para la salud y la seguridad de los trabajadores públicos.
UGT muestra su preocupación por esta situación intolerable, y por ello ya solicitó a la Delegación del Gobierno la cobertura inmediata de las plazas mediante interinidades, la puesta en marcha de acciones para evitar los acosos que sufren los y las empleadas públicas, como el control de accesos a las oficinas, y la realización de la evaluación de riesgos psicosociales.
UGT exige a todos los partidos políticos su implicación en la resolución de este grave problema.
