UGT Servicios Públicos valora muy positivamente los avances alcanzados en la negociación con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para actualizar la indemnización por residencia del personal de la Administración General del Estado destinado en las Illes Balears.
Tras más de veinte años de reivindicaciones, las reuniones celebradas esta semana en Madrid han permitido acercar posiciones hasta situar la negociación en su fase decisiva, con el objetivo de lograr la equiparación del complemento de residencia con el que perciben las empleadas y empleados públicos destinados en Canarias.
Una negociación que entra en su recta final
Este viernes, representantes de UGT se han reunido con la directora general de Función Pública y el director general de Costes de Personal para continuar perfilando los últimos aspectos técnicos del acuerdo.
La propuesta sobre la que se está trabajando contempla una equiparación que supondría incrementos muy importantes para el personal de la Administración General del Estado destinado en Baleares.
Si el acuerdo se cierra en los términos actuales, las mejoras económicas serían:
- Entre 50 y 100 euros mensuales para el personal destinado en Mallorca, según el grupo profesional.
- Entre 195 y 570 euros mensuales para el personal destinado en Menorca, Ibiza y Formentera.
Durante el fin de semana, la Administración se ha comprometido a remitir a las organizaciones sindicales un documento con la propuesta definitiva, que será analizado en una nueva reunión prevista para el próximo lunes.
Quedan algunos aspectos por concretar
Aunque los avances son muy significativos, UGT considera imprescindible seguir trabajando algunos aspectos antes de dar la negociación por concluida.
Entre las cuestiones pendientes figuran el reconocimiento de los trienios vinculados a la indemnización por residencia, tal y como ocurre en Canarias, así como el establecimiento de un mecanismo que permita revisar y actualizar este complemento en el futuro para adaptarlo a la realidad económica de los territorios insulares.
Fernando Martorell: “Estamos más cerca que nunca de conseguir una insularidad justa”
El secretario del Sector de la Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos Illes Balears, Fernando Martorell, que ha participado directamente en las reuniones celebradas en Madrid, ha destacado la importancia del momento que vive esta negociación.
“Después de más de veinte años de reivindicaciones, por fin tenemos una negociación directa con el Ministerio y un principio de acuerdo que pasa por la equiparación con Canarias. Es un avance histórico y el resultado de muchos años de trabajo sindical.”
Martorell ha explicado que todavía quedan algunos aspectos técnicos por cerrar, aunque el escenario es muy positivo.
“Estamos limando los últimos flecos. La Administración se ha comprometido a remitirnos este fin de semana un documento definitivo y el lunes volveremos a reunirnos para continuar la negociación. Seguimos trabajando para que el acuerdo sea una realidad y beneficie a todas las empleadas y empleados públicos destinados en Baleares.”
Una reivindicación histórica de UGT
La equiparación de la indemnización por residencia con Canarias ha sido una de las principales reivindicaciones de UGT durante más de dos décadas.
El sindicato ha denunciado reiteradamente que la actual diferencia retributiva dificulta la cobertura de plazas, favorece la movilidad del personal hacia otros territorios y perjudica la prestación de unos servicios públicos de calidad en las Illes Balears.
La incorporación de esta reivindicación al Real Decreto-ley 19/2026 supuso un hito histórico. Ahora, la negociación abierta con el Gobierno representa la oportunidad de corregir una discriminación que ha afectado durante años al personal de la Administración General del Estado destinado en Baleares.
UGT continuará trabajando hasta la firma definitiva del acuerdo para garantizar que la equiparación con Canarias sea una realidad y que la indemnización por residencia responda al coste real de la insularidad, contribuyendo además a atraer y fidelizar profesionales en unos servicios públicos esenciales para la ciudadanía.
