La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado ha firmado en Madrid el acuerdo que fija por fin unas nuevas cuantías de indemnización por residencia para las empleadas y empleados públicos estatales destinados en las Illes Balears. Es el primer resultado tangible de una batalla que UGT lleva librando desde hace más de dos décadas: que trabajar en las islas deje de salir más caro sin ninguna compensación real.

Qué se ha firmado

Un acuerdo con nombre, fecha y cifras

El pasado 6 de julio de 2026, la Administración y las organizaciones sindicales presentes en la mesa —entre ellas UGT— suscribieron el Acuerdo sobre el incremento de la indemnización por residencia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, adoptado en el marco del artículo 36.3 del TREBEP.

El acuerdo no nace de la nada. Desarrolla dos compromisos previos: el apartado séptimo del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público, firmado en noviembre de 2025, y la disposición adicional única del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, que por primera vez reconoció en una norma con rango de ley la necesidad de abordar la insularidad de Baleares y dio un plazo de seis meses para negociar. La negociación técnica se cerró los días 2 y 3 de julio y el acuerdo se firmó el día 6.

Las nuevas cuantías

Esto es lo que se cobra desde el 1 de julio

El acuerdo fija estas cuantías mensuales de indemnización por residencia según el grupo profesional y el territorio de destino:

* Islas del Archipiélago Balear excepto Mallorca: Menorca, Eivissa y Formentera. Según los datos publicados por UGT, la subida supone entre 50 y 100 € mensuales en Mallorca y entre 195 y 570 € mensuales en las islas menores, dependiendo del grupo profesional.

La historia detrás

Más de 20 años de UGT al frente

Este acuerdo no es un regalo ni una concesión espontánea: es la consecuencia directa de una reivindicación que UGT ha sostenido, sin bajar los brazos, durante más de veinte años. El sindicato ha denunciado una y otra vez que la diferencia retributiva con Canarias dificultaba cubrir las plazas, empujaba al personal a marcharse a otros territorios y deterioraba los servicios públicos que recibe la ciudadanía de las islas.

• Más de 20 años

  UGT reivindica de forma continuada una indemnización por residencia justa para la AGE en Baleares y su equiparación con Canarias.

• Noviembre 2025

  El Acuerdo Marco por la mejora del empleo público recoge el compromiso de revisar al alza en 2026 los complementos de residencia e insularidad.

• 29 de junio de 2026

  El Real Decreto-ley 19/2026 reconoce por primera vez en una ley la insularidad de Baleares y abre un plazo de seis meses para negociar.

• 2 y 3 de julio de 2026

  UGT participa en la negociación directa con el Ministerio en la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo.

• 6 de julio de 2026

  Firma del acuerdo que fija las nuevas cuantías con efectos desde el 1 de julio.

Por qué importa

Qué significa para las plantillas de la AGE

La indemnización por residencia no es un complemento salarial: es una compensación pensada para paliar el sobrecoste real de vivir y trabajar en un territorio insular. Con las cuantías anteriores completamente desfasadas, la Administración estatal en Baleares arrastra una situación límite.

El desfase había llegado a un punto insólito: cada vez más personas que aprueban una oposición estatal renuncian incluso a tomar posesión de la plaza porque las condiciones no compensan el coste de vida en las islas. Y quienes se incorporaban solían pedir traslado a otra comunidad en uno o dos años, dejando a Baleares formando profesionales que después se marchaban. Una indemnización a la altura del coste real de la insularidad es la herramienta para atraer y fidelizar a esas profesionales y garantizar servicios públicos estables y de calidad.

«Después de más de veinte años de reivindicaciones, por fin tenemos una negociación directa con el Ministerio y un principio de acuerdo que pasa por la equiparación con Canarias. Es un avance histórico y el resultado de muchos años de trabajo sindical.»

Fernando Martorell
Secretario del Sector de la AGE de UGT Serveis Públics Illes Balears · Portavoz de la Plataforma Insularidad Digna

Y ahora, qué

Un primer paso, no la meta

UGT deja claro que la firma es un primer paso y no da por cumplido el compromiso del Acuerdo Marco. El propio acuerdo incorpora dos garantías de continuidad. Primera: Administración y sindicatos negociarán en el último cuatrimestre de 2026 la revisión al alza de las indemnizaciones por razón de servicio, para su aprobación en el primer trimestre de 2027. Segunda: la Administración se compromete, previa negociación colectiva y en un plazo de seis meses, a tramitar las modificaciones normativas necesarias para asegurar la equivalencia plena del régimen, incluidos los incrementos retributivos vinculados a la antigüedad —los trienios—, tal y como ya funciona en Canarias.

UGT seguirá en la mesa hasta lograr una equiparación completa, con un mecanismo que mantenga actualizado el complemento en el futuro. Porque lo firmado el 6 de julio demuestra una cosa: los avances laborales y unos servicios públicos de calidad no llegan solos, se conquistan con acción sindical colectiva.