Un acuerdo que transforma el sector público: salarios dignos, estabilidad y fin de una década de limitaciones
El Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y del Servicio a la Ciudadanía, firmado en la Mesa General de las Administraciones Públicas, establece un conjunto amplio de medidas que afectan a todos los ámbitos del sector público y a todas las empleadas y empleados públicos. Se trata de un acuerdo de carácter estatal y de aplicación en la AGE, comunidades autónomas, entidades locales, Correos, AENA, mutuas colaboradoras y sectores como sanidad, educación o justicia.
El documento recuerda que este acuerdo se ha negociado en un contexto político y presupuestario complejo, con presupuestos prorrogados y limitaciones derivadas de la regla de gasto. Aun así, el trabajo intensivo desarrollado ha permitido cerrar un marco estable antes del final del periodo de sesiones de 2025, facilitando que sus contenidos puedan desplegarse en todos los territorios y ámbitos sectoriales. El acuerdo no incluye las cuestiones pendientes del periodo 2022–2024 ni la temporalidad, que se tratarán en comisiones específicas ya previstas.
🔴 Mejora de las retribuciones (2025–2028)
El acuerdo fija un incremento salarial total del 11%, de los cuales 10,5% son fijos y 0,5% variables. La distribución es la siguiente:
- 2025: +2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero y abono en un pago único en diciembre de 2025.
- 2026: +2%, divididos en un 1,5% fijo y un 0,5% variable condicionado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5%.
- 2027: +4,5%.
- 2028: +2%.
Según el documento, esto supone que en un año (enero de 2027) los salarios habrán aumentado un 9% y que la recuperación total real del poder adquisitivo será del 3,13%. También se suma la revisión al alza del plus de residencia e insularidad, las indemnizaciones por razón de servicio y la acción social.
Los ejemplos salariales incluidos en el texto muestran ganancias acumuladas moderadas según grupo profesional, que van desde los 3.512,66 € del grupo A1 hasta los 1.524,61 € del grupo E en el periodo 2024–2028.
🔴 Procesos selectivos
Eliminación de la tasa de reposición: qué implica realmente para las plantillas públicas
Durante más de una década, las administraciones han estado condicionadas por una regla heredada de los años de recortes: la tasa de reposición. Era un límite matemático, no práctico: aunque se jubilaran 100 profesionales, a menudo solo podían sustituirse 60 o 70.
Una analogía sencilla: era como gestionar un hospital, un centro educativo o una oficina de servicios sociales sabiendo que, cada vez que alguien se iba, solo podías “reparar” una parte del equipo. Esto generaba un efecto dominó difícil de detener.
Esta restricción ha provocado:
• Plantillas insuficientes, especialmente en servicios esenciales.
• Sobrecarga de trabajo, porque la misma tarea se repartía entre menos personas.
• Más temporalidad, porque no se podía consolidar personal.
• Dificultad para ampliar servicios aunque crecieran las necesidades ciudadanas.
• Desigualdades territoriales, ya que los lugares con más rotación quedaban más expuestos.
¿Qué dice exactamente el acuerdo?
La frase literal es clara y contundente:
“Eliminación de la tasa de reposición de efectivos para el cálculo de las OEP.”
Esto significa que desaparece el “tapón” numérico que impedía convocar todas las plazas necesarias.
A partir de ahora, las administraciones dejan de estar encorsetadas por porcentajes y pueden actuar según criterios profesionales.
¿Y qué implica esto en la práctica?
Por ejemplo: si antes un centro de salud perdía 10 enfermeras y solo podía incorporar 6 o 7, ahora podrá convocar 10… o más, si las necesidades lo requieren.
Esto se traduce en:
• OEP basadas en necesidades reales, no en porcentajes arbitrados desde Madrid.
• Refuerzo de sanidad, educación, AGE, servicios sociales y todos los ámbitos tensionados.
• Reducción de la temporalidad con más estabilidad estructural.
• Plantillas que podrán crecer con criterio técnico, no según decisiones restrictivas externas.
Es una transformación profunda: tras años de limitaciones, UGT ha conseguido que las administraciones puedan recuperar músculo profesional y garantizar servicios públicos de calidad.
También incorpora:
- Ejecución completa de las OEP en un año: desde la aprobación hasta la toma de posesión.
- Extensión y refuerzo de los programas de becas y ayudas para aspirantes.
- Inclusión de previsiones de jubilaciones parciales y plazas estructurales.
- Bases con calendario previsible, territorialización de pruebas y uso de tecnologías para automatizar procesos.
- Derecho de información sindical durante todas las fases de los procesos selectivos.
🔴 Promoción interna, desarrollo y provisión de puestos
El documento prevé:
- Promoción interna mediante cursos selectivos.
- Nuevos modelos de promoción interna —más allá de la vertical y horizontal— que se desarrollarán como proyectos piloto.
- Formación homologada permanente para facilitar carrera y movilidad.
- Planificación de la promoción interna según necesidades del servicio y aspirantes potenciales.
- Adecuación de la clasificación profesional a las funciones reales.
- Establecimiento de concursos de méritos permanentes y abiertos como vía ordinaria de provisión.
🔴 Servicios públicos, ciudadanía y empleo
Entre las medidas se incluyen:
- Incremento de plazas destinadas a la atención a la ciudadanía mediante una planificación adecuada.
- Reconocimiento del complemento de atención al público a todo el personal que ejerza estas funciones.
- Garantía de la presencialidad del servicio, con apoyo complementario telefónico y electrónico.
- Ampliación de oficinas de atención con criterios de cobertura territorial y evitando brechas digitales o generacionales.
- Posibilidad de crear unidades especiales para actuar en situaciones excepcionales (DANAs, catástrofes, pandemias).
- Respeto de los derechos laborales del personal.
🔴 Igualdad y no discriminación
El acuerdo establece:
- Actualización y difusión continua de los planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo.
- Eliminación de la brecha salarial de género.
- Atención integral a víctimas de violencia de género.
- Difusión del protocolo de movilidad interadministrativa para mujeres víctimas.
- Impulso de medidas de no discriminación hacia personas LGTBI+.
- Refuerzo de mecanismos de protección de personas con discapacidad.
- Creación de una Comisión de Igualdad vinculada a la Mesa General.
🔴 Salud laboral y riesgos psicosociales
El documento incluye:
- Tratamiento específico de los riesgos psicosociales y derivados de la climatología adversa.
- Actualización de los planes de prevención.
- Protección especial del personal de atención a la ciudadanía, incluyendo protocolos contra agresiones, apoyo psicológico y cobertura jurídica.
- Integración de la salud laboral en los programas de formación.
🔴 Mejoras complementarias en condiciones de trabajo
El acuerdo compromete:
- Revisión al alza en 2026 de las indemnizaciones por razón de servicio y de los complementos de residencia e insularidad.
- Actualización del régimen de permisos, evitando desigualdades entre personal funcionario, estatutario y laboral.
- Mejoras en permisos por fuerza mayor, necesidades familiares y situaciones de vulnerabilidad.
- Revisión de los programas de acción social.
- Mejoras en la prestación asistencial del Mutualismo Administrativo.
- Análisis del régimen de Clases Pasivas para corregir disfunciones con el RGSS.
🔴 Responsabilidad social en las administraciones públicas
Incluye medidas como:
- Compromisos que superan los requisitos normativos mínimos.
- Impulso de la sostenibilidad, conciliación y corresponsabilidad.
- Elaboración de memorias anuales.
- Inclusión de criterios laborales y sociales en la contratación pública.
🔴 Formación y competencias digitales
Se desplegará un Plan de Competencias Digitales e IA para todas las administraciones, con:
- Garantía de acceso para todo el personal.
- Itinerarios formativos en niveles básico, intermedio y avanzado.
- Participación sindical en el diseño y la implementación.
🔴 Observatorio del Empleo Público
Se revisará el Real Decreto 868/2010 para reforzar el Observatorio, que contará con presencia sindical y asumirá funciones como:
- Seguimiento de la calidad de los servicios públicos.
- Estudio del tipo de empleo y perfiles necesarios.
- Evaluación del impacto de la digitalización.
🔴 Comisión y grupos de trabajo
Además de la comisión de seguimiento general, se crean grupos de trabajo específicos en:
- Empleo
- Digitalización
- Igualdad
- Salud laboral
Si es necesario, podrán constituirse grupos adicionales.
🔴 Actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio: qué dice exactamente el acuerdo y qué implica
El acuerdo establece literalmente la revisión al alza de las indemnizaciones por residencia y de las indemnizaciones por razón de servicio a partir de 2026. Este punto es especialmente relevante porque supone un cambio estructural muy reclamado desde hace años, especialmente para el personal de la Administración General de la Administración del Estado (AGE) destinado a territorios como las Illes Balears.
Indemnización por razón de servicio
El acuerdo fija que todas las personas trabajadoras pasarán a percibir la dieta más alta existente actualmente. Hoy, estas dietas presentan grandes diferencias: hay personal que cobra cantidades en torno a 37–38 euros, mientras que otros grupos superan los 100 euros por un mismo concepto, como es la comida en un desplazamiento oficial.
UGT sostiene que “todo el mundo tiene la misma boca” y que no existe ninguna justificación para que por el mismo trabajo se perciban cantidades diferentes. Con la revisión acordada, todas las dietas se elevan al máximo, garantizando igualdad de trato y eliminando un agravio histórico.
Plus de residencia
El texto acordado establece la habilitación legal y el compromiso de convocar la Mesa de la AGE para tratar su actualización y homologación. Esto significa que todavía no se homologa automáticamente con las cuantías de Canarias, pero sí se abre formalmente el camino para que esa equiparación se materialice.
En la mesa negociadora se ha dejado claro que, con esta habilitación, el siguiente paso es llevar a debate y aprobación la homologación del plus de residencia con Canarias a partir de 2026. Aún no existe una cifra exacta ni una fecha cerrada dentro del año, pero sí un compromiso firme de desarrollarlo en ese horizonte temporal.
Desde UGT, la postura es contundente: esta es una reivindicación histórica que llega veinte años tarde y que ha generado una situación crítica en Balears, donde casi un tercio de las plazas de la AGE están vacantes porque muchas personas no quieren venir —o se marchan— debido al coste de vida y al bajo plus de residencia actual. Por eso, el sindicato considera inaceptable una simple calendarización y defiende que la igualación con Canarias debe aplicarse desde enero de 2026, sin dilaciones ni fórmulas graduales.
Así, el acuerdo marca:
- Revisión en 2026 de todas las indemnizaciones de residencia.
- Revisión en 2026 de todas las dietas e indemnizaciones por razón de servicio, al alza y elevándolas a la cuantía más elevada.
- Compromiso de abrir la mesa específica de la AGE para llevar la homologación completa con Canarias.
🔴 CONCLUSIONES FINALES DEL ACUERDO MARCO 2025–2028
El Acuerdo Marco supone un avance estructural para el conjunto de empleadas y empleados públicos, con un impacto directo tanto en las condiciones de trabajo como en la calidad del servicio público. La mejora salarial escalonada hasta 2028, la agilización de los procesos selectivos y el impulso decidido a la carrera profesional configuran un escenario más estable, moderno y justo para el personal público de todos los territorios y sectores.
Debe destacarse muy positivamente la revisión al alza de las indemnizaciones por razón de servicio y de los complementos de residencia e insularidad prevista para 2026, una reivindicación especialmente relevante para el personal de la AGE y largamente exigida a lo largo de los años. Esta medida responde a una necesidad real y persistente derivada del coste de vida desigual y de las particularidades territoriales, y representa un reconocimiento explícito de la situación que padecen las plantillas destinadas a territorios insulares y de elevado coste. Es un avance que da respuesta a una demanda histórica que UGT ha defendido de manera continuada.
El acuerdo también refuerza la presencialidad y la atención directa a la ciudadanía, garantiza la igualdad efectiva, actualiza los permisos y da una respuesta más clara a los riesgos psicosociales y a la protección del personal de atención directa. Con el Plan de Competencias Digitales e IA, las administraciones avanzan hacia un modelo más actualizado, preparado para los retos futuros y adaptado a las necesidades reales del servicio público.
La creación de grupos de trabajo específicos y de un Observatorio del Empleo Público renovado asegura un seguimiento riguroso de todas las medidas. En conjunto, el acuerdo consolida derechos, moderniza estructuras y corrige desigualdades.
UGT Servicios Públicos continuará ejerciendo su papel para garantizar que todas las medidas recogidas se implementen con eficacia y plena transparencia, tal como merecen todas las trabajadoras y todos los trabajadores públicos.
