🔴 Un acuerdo clave para la AGE: modernización, mejora salarial y respuesta a reivindicaciones históricas
El Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía supone un punto de inflexión para el conjunto de las empleadas y empleados públicos del Estado. Pero, especialmente, representa un avance decisivo para la Administración General del Estado (AGE), donde se concentran algunas de las problemáticas más graves: déficit estructural de personal, dificultad para cubrir vacantes en territorios de elevado coste de vida —como Baleares—, y una indemnización por residencia muy inferior a la necesaria.
El acuerdo llega en un contexto complicado, con Presupuestos prorrogados y una regla de gasto restrictiva. Aun así, la negociación ha logrado cerrar un marco que permitirá desarrollar reformas profundas a partir de 2026 en materia salarial, de empleo, de procesos selectivos, igualdad y salud laboral. Aunque afecta a todo el sector público, su impacto en la AGE es especialmente relevante.
🟥 1. Incremento salarial 2025–2028: una mejora sostenida para la AGE
El acuerdo establece un incremento retributivo total del 11%, que incluye:
- 2025: +2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero y pago único en diciembre.
- 2026: +2% (1,5% fijo + 0,5% variable según IPC).
- 2027: +4,5%.
- 2028: +2%.
La subida acumulada real se eleva al 11,42%, recuperando más de tres puntos de poder adquisitivo. Para la AGE, donde los salarios son inferiores a los de otras administraciones, esta mejora tiene un impacto especialmente significativo.
🟥 2. Procesos selectivos más ágiles y sin tasa de reposición
Una de las reformas estructurales más importantes —y que afecta directamente a la capacidad de la AGE para cubrir vacantes— es la eliminación de la tasa de reposición. Esto permitirá convocar plazas en función de las necesidades reales, y no de restricciones administrativas previas.
Además:
- Las OEP deberán ejecutarse en un máximo de un año, desde su aprobación hasta la toma de posesión.
- Se refuerzan programas de becas para aspirantes.
- Se territorializan pruebas y se incorporan nuevas tecnologías.
Para la AGE en territorios como Baleares, donde la falta de personal es crítica, esta medida es imprescindible.
🟥 3. Promoción interna y carrera profesional: impulso necesario en la AGE
El acuerdo introduce:
- Promoción interna mediante cursos selectivos.
- Nuevos modelos de promoción interna, más allá de la vertical y horizontal.
- Concursos de méritos permanentes y abiertos como vía ordinaria de provisión.
- Formación homologada para favorecer movilidad y carrera.
Estas medidas resultan especialmente necesarias en la AGE, donde la movilidad y la promoción interna siguen siendo insuficientes para retener talento.
🟥 4. Igualdad y no discriminación
El texto contempla:
- Revisión y actualización de los planes de igualdad.
- Eliminación de la brecha salarial.
- Atención integral a víctimas de violencia de género.
- Protocolos de movilidad para mujeres víctimas.
- Refuerzo de medidas LGTBI+ y para personas con discapacidad.
🟥 5. Salud laboral y riesgos psicosociales
Se actualizan los planes de prevención y se refuerza la protección frente a:
- Riesgos psicosociales.
- Agresiones en atención al público.
- Climatología adversa.
Se integra, además, la salud laboral en la formación obligatoria.
🟥 6. Formación en competencias digitales e inteligencia artificial
Se lanza un Plan de Competencias Digitales e IA, con acceso universal y participación sindical. Para la AGE, con procesos crecientemente digitalizados, este plan es imprescindible para garantizar profesionalidad, seguridad digital y derechos laborales.
🟥 7. El punto clave para la AGE: la indemnización por residencia y por razón de servicio
Esta es, sin duda, la parte más relevante del acuerdo para la Administración General del Estado, especialmente en territorios como Baleares, donde el coste de vida ha provocado una situación insostenible: casi un tercio de las plazas están vacías, bien porque no viene personal o bien porque se marcha al poco tiempo.
🔴 Lo que dice el acuerdo
El texto firmado establece:
- Revisión al alza en 2026 de las indemnizaciones por residencia.
- Revisión al alza y “por elevación” de las indemnizaciones por razón de servicio.
📌 Indemnización por razón de servicio
Actualmente existen dietas muy diferentes según grupo profesional: desde unos 37–38 euros hasta más de 100 euros para cubrir una comida. Con la modificación acordada:
👉 Todas las personas percibirán la dieta más alta existente.
Es decir, se elimina la desigualdad y todo el personal de la AGE cobrará lo mismo en concepto de dietas.
📌 Indemnización por residencia
El texto no homologa de manera automática el plus de residencia de la AGE con el de Canarias. Lo que establece es la habilitación legal y el compromiso de convocar la Mesa específica de la AGE para tratar esa equiparación.
Pero lo que se ha hablado y defendido en la mesa —más allá del texto literal— es que:
- La equiparación debe abordarse en la Mesa de la AGE aprovechando esta habilitación.
- La previsión de aplicación es a partir de 2026.
- No se establece aún una cifra ni fecha exacta, pero hay compromiso de despliegue.
🔴 La posición de UGT
UGT ha sido clara y contundente:
- La homologación con Canarias es una reivindicación histórica, que llega 20 años tarde.
- Es imprescindible para frenar la sangría de vacantes en Baleares.
- UGT no aceptará calendarizaciones largas.
- La exigencia del sindicato es que desde enero de 2026 el personal de la AGE cobre exactamente el mismo plus de residencia que en Canarias.
🟥 Conclusión: un acuerdo imprescindible para la AGE, pero que exige un despliegue ambicioso en 2026
El Acuerdo Marco introduce mejoras salariales, moderniza procesos, refuerza la igualdad y la salud laboral, y prepara a la Administración para los retos digitales. Pero, para la AGE, el elemento más determinante es la actualización en 2026 de las indemnizaciones por residencia y servicio, con un compromiso concreto de abrir la Mesa específica de la AGE para aplicar la equiparación con Canarias.
UGT defenderá sin fisuras que dicha equiparación sea real, inmediata y efectiva desde enero de 2026, porque es la única vía para corregir el déficit de personal, garantizar el servicio público y hacer justicia con décadas de desventaja respecto a otros territorios.
